En México contamos con
Leyes y Reglamentos los cuales nos rigen
en cuanto a la operación de los diversos programas de desarrollo social.
Existe la Ley General de
Desarrollo Social y su reglamento, en donde encontramos las reglas de operación
y lineamientos de los programas de
desarrollo social, deben de aplicarse junto con un diagnóstico nacional,
tratando siempre de reducir la pobreza.
Para el buen uso de
los recursos y especificación de las aportaciones y políticas de gasto, contamos
con la Ley Federal de la Presupuestación y Responsabilidad Hacendaría y la Ley de contabilidad gubernamental.
Todas las leyes y
reglamentos que existen en nuestro país son derivadas de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
De lo arriba plasmado
podemos deducir que si en México ya se dio
el primer paso y contamos con leyes,
ahora debemos generar la certidumbre del
uso adecuado de los recursos públicos y esto solo lo lograremos con una cultura
evaluativa. En donde los
evaluadores no solo deben tener buenas intenciones, sino que deben ser éticos y
estar realmente capacitados, para que no
solo se cumpla con los requerimientos mínimos
normados en las leyes que rigen las evaluaciones.
La evaluación debe retroalimentar a los
programas, generando evidencia clara, con datos de buena calidad que ayuden a
tomar decisiones al momento de la
asignación de los recursos, a partir de los resultados que se hayan logrado con
el programa. Es decir debemos realizar mediciones de impacto, con la
adecuada aportación para mejorar lo que
hasta el día de hoy se hace.
Me atrevo a mencionar
que si todos los usuarios de los recursos públicos en toda la cadena ya sea de
beneficiario, funcionario, político, proveedor y evaluador pudiéramos conducirnos con valores positivos,
con la ética necesaria lograríamos un país mejor y un mejor rendimiento con los
mismos recursos.
